La Xunta anulará el concurso eólico al concluir que el proceso aprobado en diciembre por el Gobierno bipartito presenta una falta de "legalidad directa e infranqueable" en lo relativo a la participación pública de la Administración autonómica para autorizar los parques, así como una "grave" inseguridad jurídica respecto al cumplimiento de las exigencias de los proyectos empresariales asociados a cada polígono.
El anteproyecto de ley que verá mañana el Consello crea un canon eólico que tendrá "naturaleza ambiental" y no fiscal, y que servirá el establecimiento de un fondo para los ayuntamientos en que haya parques instalados y que, entre otros fines, tendrá el de promover energías alternativas como el aprovechamiento de biomasa o generación de plantas energéticas en el campo. De acuerdo con las cifras aportadas por el responsable de Industria, se prevé recaudar con el canon eólico unos 600 millones de euros en 20 años, cuando el anterior Gobierno había estimado unos 270 mediante la participación pública en los parques.
Así lo manifestaron en rueda de prensa el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, y el director xeral de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, quienes detallaron las "tachas graves e insalvables de legalidad" del decreto eólico vigente que recoge un reciente informe –de 30 de julio de 2009– de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, así como del elaborado por el Consello Consultivo en 2007.
"Seguir adelante con el proceso significaría hipotecar a la Xunta de forma muy grave en el futuro", advirtió Guerra, después de que Bernardo Tahoces recordase que la resolución del concurso eólico fue impugnada a través de más de 50 contenciosos administrativos y tres recursos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Por ello, el Consello da Xunta aprobará mañana la "paralización expresa" del proceso instruido y la suspensión formal de su tramitación, así como un anteproyecto de ley que regulará el "negocio eólico" en Galicia y establecerá la creación de un canon ambiental con el que se prevé recaudar 30 millones de euros anuales que se destinarán a un fondo de compensación orientado "en su mayor parte" –entre 50% y 100%– a los municipios en los que estén implantados los parques eólicos y se vean afectados por su impacto visual y paisajístico.
Bernardo Tahoces confirmó, además, que todos los proyectos se ceñirán al Plan Sectorial Eólico y, por tanto, se desarrollarán en las áreas previstas en esta norma de tendrá incidencia supramunicipal y evaluación ambiental estratégica. De este modo, no se permitirá la implantación de aerogeneradores en zonas de Red Natura.
Este impuesto gravará "todos" los parques que hoy están en funcionamiento en Galicia con una carga que se abonará al final de cada ejercicio. El nuevo tributo establece cuatro tramos en función del número de aerogeneradores de cada polígono eólico.
Así, un parque que no supere los tres molinos no deberá realizar pago alguno, mientras que si dispone de entre cuatro y siete abonará 2.300 euros por cada uno. Una instalación de entre ocho y 15 pagará 4.100 euros por unidad y si cuenta con más de 15 esa carga por molino ascenderá a 5.900 euros.
La cuantía que finalmente se destine a los ayuntamientos se dirigirá a financiar las actividades de recuperación del medio natural, el paisaje, creación de infraestructuras rurales o a primar proyectos de implantación de energías renovables, entre otras. Así, el titular de Industria citó la potenciación de plantas de biomasa forestal o de instalaciones particulares de biogas que permitan a las explotaciones agroganaderas complementar sus rentas.
El objetivo del Ejecutivo gallego será dar "plena seguridad jurídica" al procedimiento de autorización de los parques eólicos mediante criterios "objetivos" y "ajustados a derecho, aparte de eliminar las actuales "carencias legales y funcionales". Entre ellas, Bernardo Tahoces destacó la anulación de la obligatoriedad de la participación pública, requisito cuyo mantenimiento calificó de "imposible".
Según explicó, esta condición vulnera la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución española y, además, conculca la Ley del Sector Eléctrico y la Lei do Patrimonio por las cuales la obligatoriedad de la participación pública en las empresas sería –aseguró– "incompatible" y, en todo caso, requeriría un acuerdo del Gobierno gallego. "Fue autorizada por un conselleiro –el de Innovación e Industria, Fernando Blanco–", apuntó.
En esta línea, defendió que la fórmula de compensación que aplicará la Xunta permitirá una recaudación "sensiblemente superior" a la prevista por el bipartito al estimar que, en los 20 años de vigencia de las primas de un parque eólico y considerando los cerca de 60 proyectos admitidos a trámite, el Gobierno gallego ingresaría 600 millones de euros frente a los 270,7 millones que se percibirían según los criterios del concurso del BNG.
A través de la futura ley, la Xunta exigirá a los promotores eólicos garantías en la ejecución de los proyectos empresariales asociados, que se concreten en un cronograma para su cumplimiento. El concurso eólico aprobado el 26 de diciembre del año pasado permite, según señaló, que existan "proyectos virtuales y no reales", circunstancia por la que la Xunta concluye que este procedimiento provoca inseguridad jurídica y, así, vulnera el artículo 9,3 de la Carta Magna.
Así, se constituirá una fianza sobre el 2 por ciento de la inversión del proyecto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del promotor que se devolverá cuando la iniciativa empresarial asociada esté "totalmente ejecutada y finalizada".
Otro de los criterios en los que incidirá el Gobierno será el vinculado al desarrollo de la red eléctrica de distribución y transporte para evacuar la energía de los parques al malleado autonómico, al subrayar que, en este punto, el concurso eólico del bipartito registra una nueva vulneración de la Ley del Sector Eléctrico.
A la hora de evaluar los proyectos que opten al nuevo reparto de los 2.300 megavatios, la comisión de valoración considerará el nivel tecnológico y la eficiencia energética; su grado de incidencia ambiental; la conexión a la rede eléctrica gallega de cada parque; el compromiso "firme" y "periodificado" de los procesos empresariales asociados y el plan de restauración y desmantelamiento del parque.
Aparte de la derogación del decreto eólico, la suspensión del concurso y la aprobación del anteproyecto de ley por el Consello da Xunta, mañana está prevista una reunión del titular de Economía e Industria con los promotores eólicos, a los que entregará el borrador de la norma. Como señaló Bernardo Tahoces, las empresas tendrán de plazo hasta el 5 de septiembre presentar sus alegaciones.
Asimismo, indicó que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo solicitará al Parlamento autonómico la tramitación de urgencia del anteproyecto de ley a fin de que esté aprobado "a final de año". Así, en el primer semestre de 2010 serán admitidos a trámite los proyectos eólicos y entre julio y diciembre de ese año se iniciará el proceso de autorización de parques, que estará culminado a finales de ese ejercicio. "Vamos a trabajar como balas", sentenció.
El director xeral descartó que las empresas adjudicatarias de los proyectos admitidos a trámite en el concurso eólico del bipartito recurran esta decisión al señalar que son "conscientes" del dictamen del Consello Consultivo sobre la "ilegalidad" del proceso y su "inseguridad jurídica".
También puntualizó que estas firmas no han recibido "ningún derecho", sino que pasaron "el filtro y la selección" para la "explotación" eólica. En esta línea, precisó que "todos" los proyectos fueron impugnados y por ello consideró que las medidas adoptadas "van a pacificar al sector".
Cuestionado sobre la posibilidad de que los promotores perciban una compensación económica, afirmó que "la única" que podrían recibir sería la derivada de los gastos de elaboración de los proyectos. "Es muy matizable, porque con ligeras modificaciones –los promotores eólicos– podrán aprovechar para presentar esos proyectos en nuevos concursos", aseguró.
PSdeG teme la reclamación de indemnizaciones por los beneficiaros concesiones
El PSdeG considera que la derogación del concurso eólico, que mañana aprobará el Consello de la Xunta, puede suponer un coste económico "muy importante para las arcas públicas gallegas", por las indemnizaciones que podrían solicitar las empresas a las que inicialmente se concedieron megavatios.
En nota de prensa, el portavoz de economía del Parlamento, Abel Losada, afirmó que, con esta decisión, la Xunta "paraliza e hipoteca a un sector económico" de Galicia.
El Partido Popular, en opinión de Losada, "muestra una cara y practica otra" ya que, a su juicio, la derogación del decreto eólico supone "un coste muy importante para las arcas públicas gallegas", por lo que los populares "no pueden un día hablar de austeridad y al siguiente malgastar los fondos públicos".
Losada explica que los beneficiarios iniciales de la concesión "tienen muchos derechos adquiridos, lo que conlleva reclamar indemnizaciones" que supondrían "un coste adicional para los gallegos" mientras, "por ahora, no sabemos aún cuál va a ser el beneficiario".
El portavoz de Economía e Industria del PSdeG entiende que la actual coyuntura económica mundial apuesta por la creación de un nuevo modelo económico, ante lo que advierte de que la derogación del decreto supondrá "la paralización de este sector emergente" en Galicia, y del relacionado con la alta tecnología y la fabricación de las propias instalaciones energéticas.
Finalmente, Abel Losada reclama de los populares que cambien "de estrategia y de juego", y que apuestan "por Galicia y los gallegos y no por los intereses de unos pocos".
El BNG llevará la derogación del eólico al Constitucional
El ex conselleiro de Industria Fernando Blanco afirmó que, en el caso de que el Consello de la Xunta decida derogar el Decreto eólico, "serán los tribunales quienes diriman el asunto".
El diputado lucense, promotor del proceso en el Gobierno anterior, se mostró cauto y aplazó sus consideraciones más concretas al término de la reunión del Ejecutivo prevista para mañana.
Blanco dijo que no se pronunciará "hasta que lo haga el Gobierno, porque es él quien tiene que tomar la decisión".
Aún así, el lucense opinó que "lo que parece que induce al PP a derogar el Decreto es la participación de todos los gallegos en los beneficios del sector eólico", algo que "no puede dejar de sorprenderme".
El anterior conselleiro de Industria declaró que "parece que volvemos a tiempos pretéritos, donde los beneficios iban a parar a otros sitios".
Blanco advirtió de las consecuencias que supondría la derogación del Decreto eólico: la paralización del sector y la pérdida de actividad industrial y de empleo en Galicia, "que será responsabilidad únicamente del PP".
El nacionalista ratificó que "los informes técnicos son favorables", y aclaró que sobre la seguridad o inseguridad jurídica "ya se pronunciará quien tiene que hacerlo, el Tribunal Constitucional", pues el PP "no es nadie para adjudicar la inconstitucionalidad".
Para Fernando Blanco, la derogación de este decreto tendrá como principales consecuencias el ‘judicialización del proceso’ y la ‘pérdida de grandes inversiones y de la participación de todos los gallegos’, por lo que ‘lamentó’ la ‘irresponsable decisión’ de la Xunta.
Por su parte, la secretaria de Organización del BNG, Montserrat Prado, consideró que ‘lo único que pretende hacer el BNG’ es ‘poner en marcha la política neoliberal que defienden’. ‘Es un capítulo más de las políticas del PP tomadas en favor de los intereses de su propio partido, al servicio del PP de Madrid y de Caja Madrid’, indicó.
Finalmente, sobre el proyecto llevado a cabo por el bipartito, reivindicó el trabajo hecho por el BNG que pretendía ser ‘un revulsivo social para Galicia’ y ‘desarrollar el sector’ de una manera ‘beneficiosa’ para la Comunidad.
En esta línea, Fernando Blanco consideró que en anterior texto establecía a través de la titularidad pública una ‘manera de repartir los recursos entre la ciudadanía gallega’ y cuestionó la posibilidad de que este elemento sea ‘inconstitucional’. ‘La incostitucionalidad solo la decreta el Tribunal Constitucional, y que yo sepa el Tribunal Constitucional no se pronuncia sobre decretos’, sentenció.
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Spanish region to scrap 2.3 GW wind power plan
Spain’s north-westerly region of Galicia will scrap a 2.3 gigawatt wind power plan involving contracts for Gas Natural, Acciona and Italy’s Enel, a local government spokesman said on Wednesday.
The project, which was criticised by some of Spain’s power utilities when it was approved by the previous local government in 2008 after most of the contracts went to local companies, had been drawn up by Galicia’s previous government.
‘The tenders have been suspended ahead of their cancellation,’ a spokesman for Galicia’s government said.
Spain’s Acciona won a tender to build 72 megawatts of wind power from the project, while a consortium formed by Gas Natural’s Union Fenosa unit and Enel, won a contract to build 15 MW of power.
