Los comentaristas ultraderechistas abundan en la cadena estadounidense FOX. Como si hubieran bebido de las fuentes de Losantos, presentadores como Glenn Beck o Bill O’Reilly cargan desde un plató de televisión contra todo lo que huela a "liberal". Tal actitud le ha costado un disgusto al propio Beck, cuyo programa (Fox and Friends) han abandonado casi medio centenar de anunciantes por culpa de sus encendidas críticas a Barack Obama, según relata El Mundo y El Plural.
Glenn Beck no es desconocido para los españoles. Fue en su programa donde se entrevistó a Gabriel Calzada, presidente del ultraliberal y minúsculo Instituto Juan de Mariana, en la órbita de la ultraderecha económica. Allí presentó un informe que boicoteaba a las empresas españolas eólicas y de otras energías renovables, con una posición ventajosa de cara a los futuros planes de Obama.
Los comentarios difamatorios de Glenn Beck contra el presidente Barack Obama le han costado un disgusto económico. Después de acusar al líder demócrata de ser “un racista” y de tener un “arraigado odio por la gente blanca”, 46 compañías han dejado de anunciarse en su programa. De éstas, 33 forman parte del grupo de multinacionales más importantes del país, como la cadena de supermercados Wall-Mart.
Las empresas responden así al llamamiento al boicot realizado por una ONG llamada Color of Change, fundada por afroamericanos con el fin de proteger los derechos de la comunidad negra. Glenn Beck llamó a Obama “racista” por criticar la detención por un policía blanco del profesor afroamericano Henry Gates cuando intentaba forzar la puerta de su casa.
De las grandes compañías que se anunciaban, la semana pasada sólo quedaba The Wall Street Journal, el periódico conservador propiedad también de Rupert Murdoch y que se incluye en el grupo ultraconservador News Corp., de la que el ex presidente José María Aznar es consejero, y desde hace unas semanas, mejor remunerado que antes. La presencia de Aznar podía explicar el vergonzoso incidente del boicot a las empresas españolas de energías renovables avaladas por Zapatero y Obama.
Desde la FOX también se han registrado otros ataques a España, aunque bastante menos dañinos que el que realizó Beck. En abril, el presentador Bill O’Reilly fue el que instigó el boicot, en vez de sufrirlo. O’Reilly amenazó con no volver a visitar España si seguía adelante el interés de Baltasar Garzón por juzgar los desmanes de la Administración Bush.
Después que el presidente Barack Obama citara a España como modelo en energías renovables, en febrero, el ala neoliberal y más conservadora del PP, apadrinada por Aznar, envargó a toda prisa un informe en inglés, con el objetivo de ser divulgado en medios estadounidenses, para demostrar que el modelo español es catastrófico, según desveló el diario Público.
Gabriel Calzada, un economista de 37 años, fue la cara visible del estudio, presentado con el sello de la Universidad Rey Juan Carlos, pero elaborado por tres activistas del Instituto Juan de Mariana, fuerza de choque ultraliberal y afín a la ultraderecha, que se benefició de toda la red de contactos de Aznar en Estados Unidos y que ha tenido un gran impacto allí: más de 300 medios internacionales conservadores se han hecho eco de sus conclusiones y ha perjudicado algo las expectativas de negocio de los empresarios españoles de energías renovables (tampoco mucho, porque el engendro de Calzada sólo convence a los talibanes ya ultraconvencidos).
En realidad las falsedades de Calzada no han tenido ninguna repercusión real, salvo la mediática, por el apoyo de la prensa conservadora. La argumentación era tan débil, que sólo los muy ultraconservadores dieron cancha al estudio encargado para desacreditar a las energías renovables, los mismos ultras que no creen ni en la evolución ni en el cambio climático, a pesar del consenso científico. En un mundo normal un panfleto así habría pasado desapercibido, pero el poder mediático de la ultraderecha más conservadora aupó a su encargo.
Calzada, que llegó a afirmar en Fox News que "Es muy difícil comprender que EE UU quiera aprender cómo crear empleo de un país como España", llegó a culpar a las energías renovables del estallido de la "burbuja española".
El grupo News Corp., del cual Aznar es consejero, desempeñó el papel de lanzar el informe en el debate mediático de EE UU, lo que arrastró a todos los grandes medios de comunicación. Fox News entrevistó a Calzada en uno de sus programas estrella, mientras The Wall Street Journal le dedicó encendidos elogios editoriales, a pesar de que el periodista que redactó la pieza informativa dejó claro en el texto su escepticismo.
La prensa más afín a Aguirre, donde se ubica Federico Jiménez Losantos, con "Libertad" Digital, y Pedro J. Ramírez, con El Mundo, a los que la presidenta acaba de conceder una licencia de radio para facilitarle la salida de la COPE, tiene en nómina a varios dirigentes del Juan de Mariana y publican sus artículos, según explica Público.
El citado informe anti-renovable, contra la eólica y la fotovoltaica, de 51 páginas, fue redactado por tres activistas del este Instituto Juan de Mariana: Gabriel Calzada, director, Raquel Merino y Juan Ramón Rallo, pero para que ganara en respetabilidad fue lanzado en EEUU con el membrete de la Universidad Rey Juan Carlos, que da al Juan de Mariana un trato muy preferente, bajo el protectorado del catedrático Jesús Huerta de Soto, ultraliberal y estrecho colaborador de FAES.
Fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos esgrimen la libertad de cátedra para desentenderse del documento, pero no explican por qué se autorizó su difusión con membrete del centro en la portada y todas las páginas interiores.
La sintonía de la Rey Juan Carlos con el Instituto ultraliberal va mucho más allá: lo ha acogido como centro adscrito, ampara dentro de su programa oficial los cursos de verano que organiza, beca a los alumnos y canaliza la generosa subvención específica que le otorga, en tanto que centro adscrito, el Gobierno de Aguirre: 201.398 euros para 2009.
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Un cuento raro desde España
La inversión en energías renovables ha sido un elemento muy importante en el programa de estímulo económico promovido por la Administración Obama y aprobado por el Congreso de EE UU. El Representante Doc Hastings (R-WA) y otros conservadores afirman en el Congreso que las inversiones en energía renovable conducen a precios más elevados y a pérdidas de empleos. Dichos argumentos se basan en un supuesto "estudio" publicado en España.
Por Andrew Light y James Heintz
Durante los últimos años, España ha seguido un ambicioso programa de energía renovable diseñado para transformar la dependencia de fuentes de energía extranjeras. Actualmente, este país es reconocido como líder mundial en tecnologías energéticas alternativas como la eólica, el biogás y, más recientemente, la energía solar termoeléctrica. Pero usted no sabría nada de esto si escuchara a los conservadores de Estados Unidos que se han conseguido un estudio realizado por un equipo de investigadores españoles.
El trabajo realizado por Gabriel Calzada Álvarez y sus colegas fue presentado el lunes pasado en un evento celebrado en la Fundación Heritage. En este trabajo se hacen afirmaciones inexactas de que en España las inversiones del gobierno en soluciones de energía limpia causaron pérdidas de empleos y luego doblan la apuesta afirmando erróneamente que el subsidio a las inversiones en energías renovables produjo un aumento de precios de la energía en el país. Ambas aseveraciones se basan en un análisis defectuoso, no obstante, una vez más los conservadores llevaron este mensaje al Congreso para plantear estos criterios engañosos, esta vez liderados por el Rep. Doc Hastings (R-WA), miembro más antiguo de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara.
¿Cuál es el propósito de esta última serie de tergiversaciones internacionales de varios estudios? Intimidar a los estadounidenses para que renuncien a crear una economía saludable, a eliminar nuestra dependencia del petróleo extranjero y a resolver el problema del calentamiento global. Es la misma estrategia que está detrás de otros intentos recientes de influir en este debate. Así que aclaremos las cosas antes de mostrar las fallas profundas que aparecen en el informe del profesor Álvarez.
Ante todo, las inversiones con miras a mejorar la eficiencia energética producen una gran ganancia neta en nuevos empleos. El trabajo de reconversión e aislamiento de edificios, las inversiones en el transporte público y las iniciativas de red inteligente ocupan un lugar importante en las políticas del gobierno de Estados Unidos porque funcionan. En el paquete de estímulo promulgado a comienzos de este año las medidas de eficiencia energética representaban el 70 por ciento de los gastos en “empleos verdes”. Y en nuestro informe, “La recuperación verde: un programa para crear buenos empleos y comenzar a construir una economía baja en carbono”, se demuestra que esas inversiones para mejorar la eficiencia y conservar la energía muestran tasas de retorno muy elevadas, por lo que se pagan por sí solas en un plazo relativamente breve.
Estos empleos también crean un gran número de trabajos en sectores de la economía que se han visto gravemente afectados por la crisis actual como son la manufactura y la construcción. Más aun, la administración Obama ha adoptado una amplia cartera de iniciativas de energía limpia que conducirá a la creación neta de más empleos nuevos a medida que estas políticas se afianzan en la economía. El análisis de las ventajas y desventajas de esta iniciativa debe tomar en cuenta el alcance total del programa para medir su posible impacto en la economía. Pero la creación de empleo y la reducción de los precios de la energía con el tiempo debido a las inversiones en fuentes alternativas de energía para diversificar nuestras fuentes energéticas y reducir nuestra dependencia del petróleo extranjero no están en duda.
Empero, el estudio español que actualmente promueven los conservadores por todas partes en Washington ni siquiera intenta ofrecer un análisis de la gama completa de empleos que se consideran en Estados Unidos. El estudio se limita únicamente al análisis de un segmento restringido de la cartera de energía limpia más amplia de España: la inversión pública en proyectos de energía renovable. ¿Su argumento? El apoyo a la energía renovable destruye empleos, afecta a la economía y desperdicia dinero al causar la pérdida de 2,2 empleos por cada 1 empleo creado. Ellos incluso ofrecen la amenazante sugerencia de que el apoyo a la energía renovable costará vidas a causa de los precios inflados. “El aumento de los costos de la energía mata”, advierten ellos. He aquí cómo llegan ellos a sus conclusiones poco veraces.
¿Destrucción de empleos? No ocurre en el mundo real
El informe de Álvarez se basa en un punto clave pero errado: que los gastos públicos desplazan a los gastos privados. ¿Qué significa eso? Dicho de manera sencilla, significa que el informe supone que por cada dólar que se gasta en el sector público se gasta un dólar menos en el sector privado. Partiendo de esta suposición, el informe “prueba” que la inversión de España en energía limpia causó la pérdida neta de empleos, toda vez que los autores suponen que los gastos públicos desplazan totalmente a los gastos privados y que los gastos públicos como promedio crean menos empleos que los gastos privados: en este caso, se trata de los gastos públicos dedicados a la promoción de las inversiones en la energía.
Pero Álvarez y sus colegas están equivocados. Los gastos públicos aumentan la demanda de recursos económicos reales, incluidos los materiales, equipos y de mano de obra de la gente. Los gastos públicos también exigen recursos financieros. El argumento del efecto de desplazamiento supone que cuando el sector público consume más de estos recursos financieros y reales ello disminuye necesariamente la cantidad que queda disponible al sector privado. En resumen, se da por sentado que el “pastel económico” es una entidad fija. Si se sustrae una porción, otra persona no puede volver a tomar esa porción. Cuando el gobierno toma una tajada mayor, deja menos para la economía privada. El informe toma la cantidad de dinero que se gastó en estimular la independencia de energía limpia en España, deriva de esta gestión el número de empleos que se crearon, genera varios otros empleos que podrían haberse creado con la misma inversión y luego informa la diferencia como un resultado.
Con todo, incluso a nivel de un razonamiento tan elemental como éste, el argumento del desplazamiento sólo es válido en circunstancias económicas particulares. Un ejemplo es cuando se aprovechan al máximo los recursos reales de la economía, lo que quiere decir que los trabajadores gozan de pleno empleo laboral y la actual capacidad productiva se está aprovechando en el mayor grado posible. El segundo es cuando de igual modo ya se están desplegando plenamente los recursos financieros de la economía. Y el tercero es cuando los gastos públicos no aportan ninguna contribución a la ampliación de la capacidad productiva de la economía, lo que significa que no están cumpliendo su objetivo de aumentar el tamaño general del pastel económico.
Pero éste no es el mundo en que vivimos y dudamos que represente la España analizada en este estudio. En nuestra crisis económica actual, el desempleo ha alcanzado su más alto nivel en décadas, el producto interno bruto se está contrayendo y las instituciones financieras no están ofreciendo casi ningún préstamo para inversión privada, prefiriéndose por el contrario atesorar las reservas de efectivo y atenerse a los activos seguros. En estas circunstancias falla la lógica del desplazamiento. Las inversiones en energías renovables no le quitarán empleos al sector privado sino que antes bien darán empleos a los desempleados.
Más aún, el desplazamiento no se producirá necesariamente cuando la inversión pública apoye al sector privado En esta economía la inversión pública en la infraestructura económica aumenta la productividad privada. Dicho de otro modo, en realidad, esos gastos aumentan el tamaño general del pastel económico.
Es aquí donde el estudio de Álvarez viene a agravar su error original. El estudio, de manera muy conveniente, no toma en cuenta las mejoras de la infraestructura como los sistemas de carga por ferrocarril y transporte público en su evaluación de los programas de energía limpia. Existe un caudal de pruebas considerable que muestra que la inversión pública en la infraestructura económica material de la nación mejora el desempeño del sector privado al aumentar la productividad promedio. Dicha inversión ofrece tres ventajas fundamentales: el aumento de la eficiencia energética del transporte, la creación de empleos y el aporte al crecimiento del sector privado. Al suponer un cuadro excesivamente simplista del pastel económico se omiten esas ventajas del cuadro de cómo la inversión pública mejora el sector privado.
Además, la infraestructura pública no crea necesariamente menos empleos que los gastos privados. Todo depende de cómo se gaste el dinero. Las investigaciones sugieren que los gastos privados en energía de combustibles fósiles generan menos empleos que los gastos públicos en el transporte público, las modernizaciones de los edificios o las nuevas capacidades de energía eólica. Desde luego, los subsidios pueden emplearse de manera ineficiente y los programas diseñados de manera deficiente pueden crear ganancias imprevistas para intereses económicos particulares. Pero esto nunca es una conclusión que se da por sentada: el reto está en diseñar políticas públicas eficaces que eviten esta posibilidad.
Vale la pena destacar de manera particular que casi toda la inversión en energía renovable representa inversión privada. Se utilizan créditos tributarios y políticas análogas para potenciar los recursos privados y estimular una mayor inversión.
La creación neta de empleos
La experiencia estadounidense en la creación de empleos a partir de la inversión pública inicial en energías renovables demuestra que Álvarez y la Fundación Heritage están totalmente equivocados. Los subsidios para las energías renovables no son nada nuevo. Han estado implantados por décadas en forma de créditos tributarios a la producción y créditos tributarios a la inversión como la Ley de Impuestos a la Energía de 1978 y la Ley de Política Energética de 1992. Según el análisis incluido en la “Perspectiva Energética Anual para el 2009” del Departamento de Energía, el crédito tributario a la producción para la energía renovable ha sido útil en la promoción de la expansión de la energía eólica en los Estados Unidos. En los últimos años los estados individuales han adoptado programas de incentivos similares.
El resultado de estas políticas es notable. Desde 1998, la capacidad de los Estados Unidos en energía eólica ha crecido como promedio en más del 25 por ciento por año. Actualmente, es el sector energético de más rápido crecimiento, incluyendo también las industrias mineras del carbón y el petróleo y en la actualidad emplea a más personas que la industria del carbón. Dado que los subsidios a la energía eólica son una prioridad importante del estudio español, es útil examinar el impacto del programa estadounidense con más detalle.
El crédito tributario a la producción de energía renovable o CIP para la energía eólica se vence de manera periódica y hay que renovarlo. En la “Perspectiva Energética Anual para el 2009” se pronostica el aumento de la capacidad de energía eólica en dos escenarios: si se permite que se venza el actual CIP a finales del 2010 y si se prorroga a futuro el CIP vigente. Según el análisis del Departamento de Energía, si se permite que se venza el crédito la capacidad eólica aumentará en un estimado de 3,6 gigavatios del 2010 al 2020; si se prorroga el crédito, la capacidad eólica aumentaría en un 16,3 gigavatios durante el mismo período: para una diferencia de 12,7 gigavatios, lo que representa un aumento del 450 por ciento en capacidad adicional. Dado que el CIP vigente ya fue prorrogado en el paquete de estímulo del 2009 al 2012 es probable que éste brinde más certeza a los inversionistas, lo que conducirá a mayores inversiones en la energía eólica.
La capacidad añadida representa aproximadamente $24,000 millones en nuevas inversiones privadas durante la década o alrededor de $2,400 millones en capacidades nuevas por año. Utilizando la misma metodología que empleamos en la “Recuperación Verde” para calcular la creación de empleos a partir de una variedad de inversiones energéticas podemos concluir que este nivel de inversión crearía 32,000 nuevos empleos, que se sostendrían durante el período de 10 años de duración del programa.
Álvarez y sus colegas recalcan con razón en su informe que el cálculo correcto del empleo es la cifra neta de creación de empleo. Es decir, debemos considerar el número de empleos que se habrían creado si se hubiera producido el mismo nivel de inversión en otro lugar. Supóngase que, por el contrario, los $2,400 millones en capacidad eólica adicional se hubieran dirigido hacia los combustibles fósiles tradicionales. Nuestro análisis demuestra que cada inversión de $1 millón que se hiciera en el carbón crearía 7,7 empleos y que cada inversión de $1 millón en gas natural y petróleo generaría 5,4 empleos.
Por lo tanto, una inversión de $2,400 millones en el carbón produciría 18.500 empleos y la misma inversión hecha en el gas natural gas y el petróleo generaría unos 13.000 empleos. Es decir, de 13.500 a 19.000 menos empleos que la misma inversión hecha en capacidad eólica. Con el cambio hacia la energía eólica se produce una ganancia neta en empleos.
Los impactos en los precios de la energía
¿Qué pasa con los precios de la electricidad? El informe de Álvarez afirma que el subsidio de la energía renovable aumentará de manera apreciable por ley de la oferta y la demanda los precios promedio de la energía. De nuevo, esto es incorrecto. Podemos ver un panorama distinto si observamos el periodo en el que la energía eólica se ha expandido rápidamente por todos los Estados Unidos de América en respuesta a los créditos tributarios a la producción para la generación de la energía eólica desde 1998 a 2008 (utilizando los datos de la Administración de Información de la Energía de Estados Unidos).
Durante este periodo, los precios de la electricidad ajustados por la inflación han aumentado aproximadamente un uno por ciento al año. Sin embargo, sería incorrecto culpar por este aumento a la energía eólica y a otras fuentes de energías renovables. Para empezar, la energía eólica aún representa una pequeña parte del total de la producción de electricidad y los efectos sobre los precios son modestos. Asimismo, los precios de los combustibles fósiles aumentaron en general de forma más rápida durante este periodo que los precios promedio de la electricidad. De 1998 a 2008, los precios del gas natural ajustados por inflación aumentaron cerca de un 4,2 por ciento por año y los precios de la gasolina aumentaron a un ritmo anual de 3,7 por ciento. Pese a la creciente participación de las fuentes renovables de energía en la estructura de la electricidad, los precios de los combustibles fósiles mostraron un mayor aumento en comparación con los precios de la electricidad.
Por otra parte, la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles aumenta la incertidumbre económica y puede desalentar a la inversión privada. La diversificación de nuestro abastecimiento de energía mediante la puesta en servicio de las fuentes renovables contribuirá a reducir la incertidumbre económica.
Los investigadores españoles argumentan que la inversión en la energía renovable suele ser más costosa que la inversión en las formas tradicionales de generación de energía eléctrica. Pero esto es cierto únicamente si no se les presta atención a los verdaderos costes de la contaminación de los gases que producen el efecto de invernadero y a los impactos potencialmente devastadores del calentamiento global.
El Departamento de Energía calcula que los gastos de capital para la inversión en capacidad eólica son de $1,923 por kilovatios. Los gastos de capital para la producción tradicional de electricidad empleando carbón, gas y petróleo son más bajos. Con todo, los gastos de capital estimados para la generación de electricidad a partir del combustible fósil con tecnologías de captación y almacenamiento de carbono oscilan entre $1,800 y los $3,400 por kilovatio. Dicho de otro modo, la energía eólica es competitiva cuando se la compara con los combustibles fósiles bajos en carbono.
Los gastos de capital de otras tecnologías renovables como la energía solar siguen siendo elevados. La viabilidad económica de estas fuentes de energía depende de ritmo futuro del progreso tecnológico. La tecnología suele evolucionar más rápido cuando aumenta el uso. Por consiguiente, podrá existir una “trampa de baja tecnología” para la expansión de las fuentes de energía renovables de alto costo. Considere el círculo vicioso que se da en la lógica siguiente: la inversión en renovables es baja porque los costos son altos. Los costos son altos porque el progreso tecnológico ha sido lento. Pero el progreso es lento debido a que la inversión es escasa. Para romper este círculo vicioso podrá ser necesaria la política gubernamental y ubicarnos en el mismo camino hacia la independencia de la energía limpia iniciado por España.
Lecciones aprendidas
El estudio de Álvarez sí incluye algunos principios razonables a seguir a la hora de diseñar cualquier tipo de inversión pública: velar por que los fondos gubernamentales se utilicen en forma juiciosa, se evite el despilfarro innecesario y las ganancias imprevistas para las firmas individuales y ser concientes de los efectos sobre el empleo de distintas asignaciones de recursos. El apoyo de la administración Obama a las energías renovables es totalmente consecuente con estos principios y cuenta con las ventajas adicionales de adelantar la independencia energética de Estados Unidos, restablecer el liderazgo estadounidense en materia de desarrollo de tecnologías limpias, crear buenos empleos y reducir la amenaza del calentamiento global.
Pero la lección mayor es la siguiente: los conservadores en su desesperación recurrirán prácticamente a cualquier estudio con el fin de entorpecer el avance de Estados Unidos hacia la independencia de la energía limpia para poner en marcha nuestra economía. El consejo profundamente desacertado de los conservadores a los estadounidenses en medio del debate sobre la aprobación de una legislación trascendental sobre cambio climático es que no sigamos la estrategia de la energía limpia, no sea que suframos las consecuencias desastrosas ya imaginadas.
James Heintz es Director Adjunto y Profesor Asociado de Investigación del Instituto de Investigación de Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Andrew Light es Miembro Sénior del Centro para el Progreso Estadounidense.
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NREL Response to the Calzada Report (Spain) by Eric Lantz and Suzanne Tegen (NRE)
The recent report from King Juan Carlos University deviates from the traditional research methodologies used to estimate jobs impacts. In addition, it lacks transparency and supporting statistics.
The report Study of the Effects on Employment of Public Aid to Renewable Energy Sources, from King Juan Carlos University in Spain, is one recent addition to this debate. The report asserts that, on average, every renewable energy job in Spain “destroyed” 2.2 jobs in the broader Spanish economy. The authors also apply this ratio in the U.S. context to estimate expected job loss from renewable energy development and policy in the United States (Alvarez et al. 2009).
The analysis by the authors from King Juan Carlos University represents a significant divergence from traditional methodologies used to estimate employment impacts from renewable energy. In fact, the methodology does not reflect an employment impact analysis. Accordingly, the primary conclusion made by the authors – policy support of renewable energy results in net jobs losses – is not supported by their work.
This white paper discusses fundamental and technical limitations of the analysis conducted by King Juan Carlos University and notes critical shortcomings in assumptions implicit in the conclusions. The white paper also includes a review of traditional employment impact analyses that rely on accepted, peer-reviewed methodologies, and it highlights specific variables that can significantly influence the results of employment impact analysis.
The recent report from King Juan Carlos University deviates from the traditional research methodologies used to estimate jobs impacts. In addition, it lacks transparency and supporting statistics, and fails to compare RE technologies with comparable energy industry metrics. It also fails to account for important issues such as the role of government in emerging markets, the success of RE exports in Spain, and the fact that induced economic impacts can be attributed to RE deployment.
Finally, differences in policy are significant enough that the results of analysis conducted in the Spanish context are not likely to be indicative of workforce impacts in the United States or other countries. Energy policy has always been a politically charged subject. And in today’s economy, where job creation is at a premium, questions pertaining to the impact of energy policy on employment magnify the sensitive nature of this debate. Measuring long-term economic and employment impacts is a complex task, sensitive to an array of unknowns, including future prices for both conventional fuel and renewable energy.
Because this work is highly sensitive to assumptions and the quality of research, it is critical that policy makers seriously evaluate the work presented to them; and even after careful scrutiny, place jobs estimates within the broader context of energy, the economy, the environment, and the future.
www.nrel.gov/docs/fy09osti/46261.pdf
www.americanprogress.org/issues/2009/05/espana_reporte.html
www.aeeolica.es/contenidos.php
