La patronal que representa al sector está en claro desacuerdo con la ley eólica impulsada por la Consellería de Economía e Industria y, en especial, con la imposición de un canon medioambiental a las empresas. Esta tasa, que es una de las principales novedades de la normativa aprobada ayer, grava a los aerogeneradores por su impacto sobre el medioambiente. La Xunta aspira a recaudar por esta vía 1.032 millones de euros en los próximos 20 años.
Este canon, sin embargo, ya fue declarado inconstitucional en otras comunidades, según recordó el secretario xeral de la Asociación Eólica de Galicia, Íñigo Muniozguren. Los argumentos de la patronal son que se produciría una doble imposición sobre las empresas puesto que ya pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y advierten además de que si se crea un impuesto que grave el impacto medioambiental, éste debería aplicarse a todas las actividades con afectación a la naturaleza y no sólo al sector éolico.
El diputado popular Pedro Arias, que defendió el texto, despejó algunas incógnitas sobre la nueva normativa, al asegurar que una de las claves del nuevo marco legislativo pivota sobre "la profesionalidad del solicitante, que pasará por su solvencia técnica y experiencia en el sector" eléctrico. Esta premisa contrasta con el resultado del concurso eólico del bipartito, que admitió a trámite, por ejemplo, proyectos de conserveras, cooperativas lácteas, constructoras y astilleros.
Fue precisamente esa profesionalidad y vinculación al sector defendidas por el diputado popular lo que más enervó a la oposición, confirmando un temor "que ahora se constata al recuperar un sistema que adjudicación discrecional", en palabras del socialista Abel Losada.
"No se trata de quienes sean mejores técnicamente, ya que hoy en día los sistemas desarrollados para los aerogeneradores son de similares características; se trata de cómo se puede beneficiar mejor a los gallegos", dijo Blanco. "No prejuzguen lo que vendrá después", respondió Pedro Arias a PSdeG y BNG. Frente a este aviso, Losada contrapuso unos "intereses inconfesables", los del PP, que llevarán a que "esas órdenes que prepara Industria sean al final específicas para cada una de las empresas que finalmente saldrán beneficiadas, las grandes empresas eléctricas", dijo. La inseguridad jurídica de la nueva norma, coincidió la oposición, sólo anuncia una larga batalla en los juzgados. La definición del canon ambiental como "una figura parafiscal" realizada por Arias fue cuestionada por ambos diputados.
La EGA aprecia "claros vicios de inconstitucionalidad", pero como entidad privada no pueden presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por eso recurrirán a las instituciones que si están autorizadas a hacerlo y que son el Gobierno central, el Defensor del Pueblo o convencer a un mínimo de 50 diputados o 50 senadores.
A mayores, las empresas afectadas por el canon podrán recurrir de forma individual su pago al Tribunal Superior de Xustiza y alegar "una cuestión de inconstitucionalidad". A pesar de que tanto la patronal eólica como los partidos de la oposición advirtieron de la "incertidumbre legal" de este canon, el PP sacó adelante la ley eólica argumentando que introduce "seguridad jurídica" en el sector.
Tras aprobarse ayer en la Cámara, la nueva normativa será efectiva una vez salga publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) e inmediatamente después la Xunta publicará otra orden declarando que "desiste" del concurso por el que se repartieron los 2.300 megavatios en la anterior legislatura, suspensión que la patronal considera que puede ser también "inconstitucional".
Desde el PP, sin embargo, Pedro Arias defendió que la nueva ley introduce unas reglas de funcionamiento que se ajustan a los criterios de "competencia, mérito y capacidad".
Según la Consellería de Economía e Industria, los ingresos de la Xunta por el canon eólico alcanzarán los 1.032 millones de euros en los próximos 20 años, frente a los 567 millones del modelo de participación pública que defendía en su decreto y concurso el Bipartito. A corto plazo, los cálculos del Gabinete que capitanea Javier Guerra pasan por que se ingresarán, "de modo inmediato", 25 millones de euros.
La Asociación Eólica de Galicia (EGA) reclama que la regulación del sector eólico se ajuste a principios constitucionales, y llevará la defensa de esta posición a las instancias que correspondan una vez que en el proyecto aprobado por la Comisión de Energía del Parlamento persisten los graves defectos ya señalados por la entidad empresarial. La organización, reunida en asamblea general, invita a los grupos parlamentarios gallegos a escuchar a los agentes que intervienen en el sector.
EGA se ha abstenido de emitir ninguna opinión después de que el pasado septiembre aportara a la Consellería de Economía e Industria un documentado informe en el que proponía soluciones realistas y ajustadas a Derecho. Sin embargo, una vez aprobado el texto de la ponencia de la Comisión de Energía, se observa que las mejoras propuestas no han sido tenidas en cuenta. Tampoco se han subsanado cláusulas discriminatorias o figuras que establecen una doble imposición.
EGA no desea entrar de nuevo en el debate pormenorizado sobre cuestiones ya suficientemente argumentadas, si no que sólo trata de advertir de las consecuencias que pueden derivarse tras no haber considerado las aportaciones de quienes desde los parques y las fábricas de componentes son parte sustancial del desarrollo de Galicia.
Perdido ya el liderazgo autonómico y la condición de referencia europea que tuvo el sector eólico gallego, los legisladores pueden todavía subsanar los inconvenientes que se aprecian en el proyecto de ley. EGA les invita a ello en la certeza de que ese camino es mejor que un remedio posterior.
www.ega-asociacioneolicagalicia.es/ga/
