La Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León llegará hasta las últimas consecuencias para defender el desarrollo de eólico en Castilla y León. APECYL está dispuesta, incluso, a llegar a los tribunales, “si fuera necesario”, para impedir que “un incumplimiento de sus obligaciones por parte de Red Eléctrica de España (REE) corte de raíz el desarrollo de la Comunidad, que tiene el privilegio de ser el líder nacional en producción de energía eólica”.
El problema generado por la negligencia de REE es “gravísimo”. 700 megavatios preparados para entrar en funcionamiento o cuyas instalaciones se encuentran en la última fase de construcción se encuentran en estos momentos en una total incertidumbre sobre su futuro, proyectos que incluso muchos de ellos ya habían comenzado su construcción, pero que la nueva normativa implantada recientemente por el Ministerio de Industria mantiene en una insostenible situación de falta de definición sobre su futuro. Traducido al lenguaje económico, el perjuicio supera los 1.000 millones de euros, que no pueden entrar en la rueda económica de la región, una cifra que golpea directamente al interés general de la Comunidad, puesto que la energía eólica genera más de 5.000 puestos de trabajo y se encuentra, actualmente, sumida en un parón que puede afectar directamente al desarrollo socioeconómico de Castilla y León.
Tras el fracaso de la cumbre de Copenhague y las ambiguas decisiones del Gobierno en la materia, cuyos mensajes caminan en la dirección opuesta a sus actos, el sector de las renovables ve cómo agentes externos impiden su normal crecimiento sin que exista una razón lógica que explique las zancadillas que ponen en entredicho su desarrollo. En el caso de Castilla y León un incumplimiento de las obligaciones legales de REE puede suponer que más de 1.000 millones de euros de inversión y 700 MW y cientos de puestos de trabajo pueden ir directamente al cubo de la basura si no media una rectificación oportuna. APECYL confía en que las conversaciones que viene manteniendo con Red Eléctrica y el Ministerio de Industria lleguen a buen puerto y el desarrollo de la energía eólica de la Comunidad pueda recuperar la normalidad. En caso contrario, APECYL acudirá a la Justicia para defender los intereses generales de la región e impedir que instalaciones ya terminadas no puedan entrar en funcionamiento.
“Sería algo escandaloso. Que 700 MW y más de 1.000 millones de euros, en los tiempos que corren, no pudieran generar la riqueza económica que llevan aparejada por una negligencia ajena es una circunstancia por la que APECYL no va a pasar”. La postura de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León es firme y no va a permitir que una infracción impida el crecimiento socioeconómico de la Comunidad que lidera la producción eólica nacional.
La situación que vive el sector no sólo se traduce en la pérdida de empleo, de inversiones y riqueza para Castilla y León, sino que entra en total contradicción con el nuevo modelo energético que se debe de implantar de acuerdo a las normativa de la Unión Europea, que obliga a que en el año 2020 el 20% de la energía proceda de fuentes renovables.
No tendría ningún sentido que por una circunstancia extraña al normal proceso y desarrollo de los parques eólicos finalmente se desaprovechasen los recursos y las oportunidades que esta Comunidad tiene, en un momento en que existe una conciencia global de que todos debemos sumar esfuerzos para lograr un nuevo modelo energético y que en el actual entorno económico es una locura desaprovechar cualquier oportunidad de inversión, generación de riqueza y empleo como ésta.
El parón de las energías renovables en general y de la energía eólica particular es una realidad en todo el territorio nacional y prueba de ello son las declaraciones contra el registro de pre-asignación que están llegando a la opinión pública desde otras asociaciones regionales y desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que ya ha avanzado la pérdida de miles de empleos si el Gobierno no rectifica, define realmente su posición y adopta las medidas coherentes y consecuentes con la defensa del interés general que pasa por la adopción de las medidas necesarias para lograr un nuevo modelo energético, más limpio, más sostenible, más eficiente y mucho menos dependiente de terceros países que se están enriqueciendo a nuestra costa sobre la base de vender una energía sucia y con fecha de caducidad; y en consecuencia permite que proyectos de energías renovables como esos 700 MW de Castilla y León que han acreditado su capacidad desarrollarse de manera inmediata se lleven a cabo, inscribiéndoles en ese registro que, de forma innecesaria y gravemente distorsionador para el sector, ha creado como condición para su desarrollo; y por otra parte elabora cuanto antes una normativa específica para las instalaciones que se han quedado fuera del pre-registro y que ya están terminadas o en su fase de finalización y establece unas condiciones claras, previsibles y estables para el futuro del sector energético renovable, que permitan su ordenado desarrollo, aprovechando y no desperdiciando como se está haciendo todas nuestras potencialidades, tanto del propio país como de las empresas que trabajan en él. APECYL, al hilo de esta denuncia de AEE, considera que el Ministerio de Industria no está siendo consecuente con su discurso, ya que por una patre hace apología de un nuevo modelo energético basado en la utilización cada vez mayor de las energías renovables y luego lleva a cabo actuaciones que en la práctica no hacen si no poner todas las dificultades del mundo a su desarrollo. APECYL pide al Ejecutivo que se comprometa realmente con un modelo energético renovable en el que la riqueza económica que generan las energías limpias no emigre a otros países. Actualmente el riesgo de deslocalización de las inversiones es evidente y España no puede permitirse el lujo de aportar recursos económicos a otros países en lugar de optar por energías como la eólica, barata y limpia, y cuyo coste de generación nunca va a sufrir brutales oscilaciones de precios, todo lo contrario que otras fuentes energéticas contaminantes.
APECYL muestra su enorme preocupación por la inminente pérdida de empleo e inversiones que se va a producir si no hay una rectificación oportuna y aunque confía en que la solución llegue de forma urgente, no va a detenerse “ante una grave e irregular actuación que puede causar un daño económico irreparable para Castilla y León”.
De momento, APECYL ha recurrido la resolución de 19 de noviembre de 2009 de la Secretaría de Estado de energía, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009, por el que se procede a la ordenación de los proyectos o instalaciones presentados al registro administrativo de preasignación de retribución para las instalaciones de producción de energía eléctrica, previsto en el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social.
Asimismo está preparando otra serie de actuaciones ante la CNE denunciando la gravísima actuación de REE y llevará a cabo todas aquellas que entienda necesarias hasta que se reconozca el derecho de los promotores de Castilla y León a llevara adelante unos proyectos que han acreditado más que suficientemente su viabilidad inmediata y el interés de la sociedad en que se ejecuten.
La evolución de la potencia eólica instalada en Castilla y León ha sido muy significativa durante la última década, en la que se ha pasado de los primeros 13 megavatios (MW) registrados en 1998 a los 3.723,8 MW que se encuentran en funcionamiento en la actualidad dentro de todo el territorio castellano y leonés.
