Así lo manifestó el presidente de la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), Casimiro Fernández y el consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre, tras mantener una reunión con el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces. En la misma también participaron los representantes de EDP Renovables, Acciona-Terranova, Northeolic, Costa Eólica, EUFER, BUSECO-EYRA, ECYR y ERPASA.
Según afirmó Torre, Areces se ha comprometido a aprobar la constitución de la comisión permanente en el próximo consejo de Gobierno, previsto a celebrar la próxima semana.
Los empresarios del sector destacaron la "lentitud" del proceso de tramitación y afirmaron que el mismo se ve agravado con la aprobación por parte del Ministerio de un Decreto Ley el pasado mes de mayo por el cual están obligadas a "preinscribirse en un registro de asignación de retribución del cual dependerá que la retribución que va atener ese proyecto sea uno u otro y por tanto marca la cola de acceso a la autorización correspondiente".
"Ese registro supone una auténtica cola en la retribución de la energía y no podemos quedarnos al final de la misma porque la rentabilidad de los proyectos que se dilaten en el tiempo pueden convertirse en inviables por retribución insuficiente", dijo Fernández.
En este sentido destacó que todos los proyectos que en Asturias cuentan con licencia administrativa –una treintena– ya se han preinscrito en dicho registro y a añadió que para los empresarios "lo ideal sería que esa tramitación no se dilatase más allá de un año".
El consejero recordó que en la tramitación de los parques eólicos intervienen la administración municipal y la autonómica, pero además dentro de esta última intervienen varias consejerías como son Industria y Empleo, Cultura, Infraestructuras y Medio Ambiente.
Por ello indicó que la comisión de seguimiento será "interdepartamental pilotada por la dirección Minería y Energía" y en la misma participarán los directores generales y jefes de servicio de las consejerías implicadas, así como el ayuntamiento concernido y los propios promotores.
Torre destacó que Asturias tiene una "buena situación de desarrollo del sector de la energía eólica" al contar con unas directrices que lo regulan, unas líneas de evacuación de energía suficiente y además cuenta con un convenio con Red Eléctrica Española, REE, que garantiza la evacuación de 918 MW a 2011 y 1.500 MW a 2016.
En este sentido Fernández destacó la importancia que para la región juega el desarrollo del plan eólico y los parques que es posible instalar en la región y que supondrían una inversión total de más de 2.100 millones de euros y crearían –durante los cuatro años mínimos de construcción y la fase de explotación– unos 500 empleos.
Recordó además que la incidencia del Plan es muy significativa en los denominados "municipios eólicos" de la zona occidental, ya que los ayuntamientos ingresan sólo en tasas e impuestos, así como convenios por cesión de suelo y demás "unos 18 millones de euros al año".
La industria eólica estima que, con el final de la moratoria, los molinos de viento llegarán a sumar 1.300 megavatios de potencia en el plazo de siete años. Según datos de la Consejería de Industria, se calcula también que los parques eólicos en Asturias pueden tener un funcionamiento medio de 2.500 horas anuales.
El levantamiento de la moratoria eólica en Asturias a finales de 2007 supuso el despegue de nuevos parques eólicos en la comarca occidental. Buena prueba de ello son los catorce nuevos proyectos que supondrán, si finalmente prosperan, la instalación de 202 nuevos aerogeneradores.
Los catorce parques que han iniciado su tramitación ocuparán las sierras de los concejos de Taramundi, Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos, Vegadeo, San Tirso de Abres, Boal, Pesoz, Illano, Ibias, Valdés y Tineo. Estas nuevas propuestas se suman a otras que ya gestionan estos mismos municipios y otros de la comarca como Villayón o Castropol, que acaba de aprobar inicialmente su primer parque en la sierra de El Candal, con trece torres.
La puesta en marcha de estos nuevos parques está promovida por ocho empresas diferentes: Terranova Energy, Desarrollos Eólicos del Norte, Energías Renovables Españolas, Parque Eólico Sagitario, Promoción y Gestión Virgo, Parque Eólico Casiopea, Promoción y Gestión Cáncer y Parque Eólico Leo.
De todas las propuestas, las más ambiciosas son las de Promoción y Gestión Virgo para Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos, y la que promueve Parque Eólico Casiopea S. L. para Illano, Pesoz y San Martín de Oscos. Cada uno de ellos prevé la instalación de 21 torres con 48,3 megavatios de potencia total.
Los nuevos parques se apuntan a la tendencia de apostar por la instalación de menos torres con más potencia. Por ello, estas iniciativas incluyen un número inferior de aerogeneradores, especialmente si se comparan con el parque de La Bobia-San Isidro, donde hoy se levantan 58 torres.
En cuanto a la potencia generada por estos nuevos proyectos eólicos, sumarán en total 378,7 megavatios. La cifra es significativa si se compara con los 280 megavatios que producían los ocho parques eólicos occidentales existentes antes del levantamiento de la moratoria hace un año.
Esto significa que Asturias está cada vez más próxima a completar su máxima potencia eólica, que los promotores cifran en torno a 1.200 o 1.300 megavatios.
Los catorce nuevos proyectos eólicos suman 203 nuevas torres, 21 en los mayores parques, y 5 en el de menor tamaño. Los municipios occidentales en los que estarán ubicados estos nuevos proyectos son: Taramundi, San Tirso de Abres, Vegadeo, San Martín y Villanueva de Oscos, Illano, Pesoz, Boal, Ibias, Valdés y Tineo.
La combinación de la potencia instalada y de esa expectativa de actividad supone que, hacia 2015, los molinos asturianos generarán anualmente en torno a 3.250 gigavatios (millones de kilovatios).
Las empresas invertirán en parques eólicos en Asturias hasta 2015 del orden de 1.000 millones de euros entre proyectos para instalar aerogeneradores en nuevos emplazamientos -la gran mayoría en el occidente asturiano- y ampliaciones o repotenciaciones (sustitución de las máquinas actuales por otras más potentes) de los complejos ya existentes.
La mayor parte de la inversión corresponde al coste de los aerogeneradores, cada vez más potentes. En Asturias ya han comenzado a instalarse torres eólicas de 2 megavatios, de las mayores que para parques convencionales están en el mercado. Esos «gigantes» funcionan ya en el alto de Abara, entre el Franco y Coaña, y están siendo instalados en los complejos que Terranova-Cesa y E.On-Northeolic tienen en obras en Villanueva de Oscos y en Tineo.
Neo Energía, filial de Hidrocantábrico, es ahora la compañía que más rentabiliza los vientos del Occidente, los más favorables para la producción eólica. Neo tiene cinco de los once parques que están en funcionamiento y otros proyectos en tramitación. Otros grandes del sector -Acciona, Iberdrola, Endesa E.On- ya tienen intereses en el negocio eólico regional o están preparando proyectos tras el fin de la moratoria.
En Asturias, varias compañías pertenecen al sector eólico. El caso más relevante es el del Grupo Daniel Alonso, que en 2007 selló una alianza para hacer torres con Gamesa, líder español de la fabricación de aerogeneradores y uno de los principales productores mundiales.
Acabadas las obras, el empleo directo que genera un parque eólico es sustancialmente inferior. Los expertos calculan que se crea un puesto de trabajo por cada 5 megavatios instalados. Si se cumple el plan eólico regional como está previsto, en Asturias la energía del viento daría trabajo de manera estable, para la operación y mantenimiento de los complejos, a unas 260 personas.
Aunque no en todos los casos, el dinero que aportan en impuestos y por otros conceptos los parques de aerogeneración han abierto las puertas de los ayuntamientos a los promotores. Las empresas suelen firmar convenios con las corporaciones locales y abonar un canon cuando instalan los aerogeneradores en montes de utilidad pública.
Los concejos reciben además otros ingresos a través del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). La aportación por el IAE viene a suponer entre 600 y 800 euros al año por cada megavatio instalado. Las compañías están obligadas a tributar también por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Están calificados como "bienes de características especiales" y su tratamiento fiscal ha registrado una variación de alcance: a raíz de una sentencia reciente, los parques eólicos pueden verse obligados a pagar el triple que ahora por el IBI.
Desde que hace un año se levantara la moratoria de instalación de parques eólicos el Principado ha venido recibiendo solicitudes de nuevas actuaciones, como las citadas 118 que se irán resolviendo en los próximos meses.
La inversión prevista, 1,5 millones de euros por MW instalado, supondrá para los 670 MW a instalar una inversión de más de mil millones.
El Gobierno regional considera factible llegar a 950 MW de potencia instalada en 2012. Estas previsiones suponen que en un plazo de ocho años se habrán multiplicado por tres la capacidad de producir energía eólica.
El objetivo del Plan de Energías Renovables de España es que para el 2010 al menos el 12% de la energía primaria consumida proceda de las fuentes renovables y al menos el 29,4% de la generación eléctrica tenga su origen en estas fuentes.
La patronal eólica considera que el Principado no podrá albergar proyectos de generación de energía eólica marina, conocida también como off shore, hasta dentro de una década una vez que se venzan los condicionantes tecnológicos que limitan las posibilidades del litoral asturiano.
El presidente de la Asociación Eólica de Asturias, Enrique Alvarez Uría, indicó que "a corto plazo no existe ninguna posibilidad de instalación de estas plataformas en Asturias, más adelante si existen zonas que tienen recursos eólicos pero tendría que superarse primero la cuestión relativa al anclaje de estas estructuras".
Alvarez Uría Añadió que "hoy por hoy hay tecnología para sustentar plataformas eólicas marinas a una profundidad de hasta 20 o 25 metros, 30 como máximo en todo caso". La profundidad de la costa regional dificulta la instalación de estas plataformas que se emplazan a una distancia de entre 3 y 10 kilómetros mar adentro.
